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Horacio Rovelli. Economista - Profesor UBA
El dinero nace de la necesidad de expresar el valor y la magnitud de valor de distintas mercancías en un denominador común, y hablamos de precio cuando expresamos el valor de una mercancía en dinero, gracias a la existencia del dinero, el productor del bien o servicio sabe que el fruto de su trabajo es valor.
El problema reside que en nuestro país, y esencialmente cuando la restricción externa es mayor (como ahora) y por ende es menor el ingreso de divisas presente y futuro, empleamos nuestra moneda para la compra y venta de mercancías (incluso no de todas, por ejemplo las propiedades, así como otros activos de mayor cuantía se comercializan mayoritariamente en divisas), pero usamos el dólar como reserva de valor (como ahorro).
Esa dicotomía provoca un deterioro permanente de la demanda de nuestra moneda, si a ello le sumamos la necesidad de emitir dinero para financiar el déficit fiscal y expandir la demanda interna (ante la falta de inversión del sector privado), se termina convalidando un aumento generalizado de los precios que a su vez erosiona el valor de la divisa, con la presión de que se ajusten ambos valores en una nueva devaluación, entrando en un circuito de devaluación-inflación que puede incuso retroalimentarse y terminar en hiperdevaluación e hiperinflación, que consigo destruye el trabajo y la producción nacional.
Esto sucede porque el tipo de cambio real es una relación entre los precios internos expresados en dólares y los precios internacionales. Si nuestros precios crecen más que los del exterior, tarde o temprano deben equilibrase, de allí que cuando uno pondera el fuerte crecimiento de las importaciones de por sí, por el mayor nivel de actividad, como son las energéticas, la de tecnología y la de insumos que no producimos o no lo hacemos en la calidad y cantidad suficiente, le agregamos las compras al exterior por atrasar el tipo de cambio, con lo que se le suman las importaciones innecesarias que incluso compiten deslealmente con la producción nacional, gasto en turismo y toda una gama de erogaciones que aprovechan el retraso cambiario.
Supimos tener un fuerte superávit comercial desde el 2003 hasta el año 2012, una parte se empleó para pagar deuda externa, otra parte (muy menor) se invirtió en el país, pero la fuga de capitales fue inmensa. Basta solamente con conocer la infidencia de dos empleados de bancos extranjeros que operan en nuestro país, uno del Banco HSBC, el ingeniero Hervé Falciani, que trabajó en la sucursal del holding financiero asiático-inglés en Ginebra-Suiza, que extrajo la información entre los años 2006 y 2008 referida a 130 mil clientes de la sucursal helvética, y allí descubre 3.900 cuentas bancarias abiertas por individuos y sociedades argentinas que no fueron declaradas.
El otro, un ex ejecutivo de cuentas del JP Morgan para Argentina, Hernán Arbizu, quien en su declaración ante la justicia estimó que, entre los diez bancos con mayor actividad en Argentina en materia de colocación de depósitos en el exterior sin ser declarados, acumulaban en el año 2010 el manejo de unos 85 mil millones de dólares.
En ese listado, Arbizu señalaba que en sólo cuatro de ellos se concentraba el 65 por ciento del monto fugado (55 mil millones de dólares). Si a esas denuncias judiciales, le sumamos el discurso de la presidenta de la Nación de la semana que transcurrió donde claramente acusa sectores del sistema financiero argentino. diciendo que sospechosamente dos días antes de que el BCRA determinara reducir del 30 al 20% la tenencia en dólares sobre el patrimonio, varias entidades vendieron el excedente de la posición.
Incluso esos mismos cinco bancos son los más activos en las operaciones de dólar bolsa y “contado contra liqui”, a los que se le suma la sociedad Balanz Capital que opera como sociedad de Bolsa del Merval, Agente de Mercado Abierto Electrónico (MAE), y Agente del Rofex (principal mercado de Futuros de Monedas y Commodities), todo esto corroborado por la realidad cuando el día jueves 2 de octubre 2014, la Comisión Nacional de Valores inhabilitó en forma preventiva a Mariva bursátil para operar con bonos y acciones, por la falta de documentación respaldatoria de operaciones de compra y venta de títulos públicos.
Además, el dato insoslayable, reconocido por los propios acopiadores y comercializadores de soja, así como por Ciara (la cámara que agrupa a la industria aceitera) que la mitad de la cosecha no fue vendida y está retenida en silos y silo-bolsa.
Si ésa es la moral y la conducta de nuestros principales operadores financieros y cambiarios toda prevención es poca, máxime cuando sus efectos lo conocimos y vivimos en nuestro país cada siete años (1975-76, 1982, 1989; 1995, 2001-2002) y que no habían podido ejecutar en el gobierno de los Kirchner.
Paradójicamente y ante la falta de inversión y de ingresos se autorizan operaciones como el dólar Bolsa, que es una operación cambiaria que consiste en comprar bonos con pesos y después venderlos a cambio de dólares en el mercado local, donde los títulos en dólares cotizan en ambas monedas, y el contado con liquidación que es lo mismo, pero en plazas del exterior donde cotizan títulos y acciones argentinas, con lo que los dólares terminan fuera del país.
Pero la dimensión que tomó excede largamente el objetivo buscado, la Presidenta de la Nación en su discurso por cadena nacional del martes 30 dijo que en lo que va del año se realizaron operaciones de “contado con liquidación” por 27.400 millones de dólares, en el caso de las casas de inversión, y de 10.000 millones por parte de los bancos.
El contado contra “liqui” ganó 14,9% en dólares en septiembre 2014 (cerró el día 30 a $14,65), y 65,8% en el año. El blue y el dólar Bolsa avanzaron 12% en el mes (el blue se vendió a $ 15,70) mientras que en los primeros nueve meses muestran un avance del 57% y el 65%, respectivamente, sin que aparezca la oferta de divisas.
Ese acrecentamiento y súper beneficio de los que apostaron al dólar en sus diversas variantes significa la disminución en la misma proporción del salario (y del trabajo) de los que nos ganamos “el pan con el sudor de la frente” y de los activos que tenemos.
No es un tema como para que quede limitado a las reglas del mercado o la esperanza de que ingresen dólares futuros, por ende se deben extremar las medidas de control, en primer lugar controlando las operaciones del contado contra “liqui”, el dólar bolsa, el dólar tarjeta, el dólar turista, y cuanto invento hay que desvirtúan el rol real de relación de nuestra moneda con las divisas, y ésa es la razón principal de que se le acepta la renuncia a Juan Carlos Fábrega y se nombra en su lugar a Alejandro Vanoli, que era el Presidente de la Comisión Nacional de Valores y en ese rol logró modificar la ley y tomar medidas que amplían la capacidad de intervención y de regulación estatal .
En la sociedad en que vivimos es el Estado es el que establece las reglas de juego, máxime en el área monetaria y cambiaria, donde debe ejercer el poder (soberanía) de emisión, circulación, cambio y control de todo el proceso.
Es obvio que el problema se tornaba inmanejable y no iba a ser el “mercado” como eufemísticamente se definen los grandes operadores, que les genera mayoritarios beneficios en desmedro del resto de la población y del presente y del futuro, quien debe determinar cuánto vale nuestra moneda (que es cuánto vale nuestro trabajo, nuestra producción y nuestros bienes).
Bien lo deja en claro el titular de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Dr. Carlos Gonella, cuando propone modificar la vetusta Ley 19.359 del 9/12/1971 que concibe el principio: “societas delinquere non potest” –las sociedades no pueden delinquir– y, además, la naturaleza y las características de la pena de prisión obstan a su aplicación a las personas jurídicas.
Por ende, el objetivo básico es cambiar la tipificación del tipo de transacciones y, por lo mismo, fáciles de reprimir, esto significa rebajarlo a delito correccional para que las fuerzas públicas puedan actuar in situ ante la evidencia de operaciones cambiarias que no se cursen por los canales legales, sin necesidad de aguardar la autorización previa de los organismos públicos que actualmente son los encargados de ordenar los procedimientos, para que sean los fiscales contravencionales quienes actúen en los mismos.
El Estado, en nombre del bienestar general debe fiscalizar, controlar y observar las operaciones financieras y cambiarias, que el Art. 3º de la Carta Orgánica del BCRA sostiene como su primer objetivo el de “preservar el valor de la moneda”, que sólo es posible si se controla la evaluación cambiaria, y que en la Argentina, cuando incurre en déficit en la cuenta corriente y el ingreso de las divisas es menor, la “corrida” cambiaria es la principal causa y antecede a la inflación.
Basta recordar a tal efecto que por no cumplir con su rol de respetar y hacer respetar nuestra moneda (nuestro trabajo), el dólar paso a valer de 37,62 australes el 6 de febrero de 1989, a 100 australes en abril de ese año, y a 650 australes cuando asumió Menem el 9 de julio de 1989, pero siguió la híperdevaluación de manera tal que el 1 de abril de 1991 (un poco más de dos años después) el cambio oficial era de Australes 10.000 por dólar (destrucción sin igual del valor de nuestro trabajo y de los bienes que tenemos (casa, tierras, fábricas, etc.).
No sólo debe actualizarse el marco legal, sino que deben hacerse las presentaciones ante la Justicia, ante la AFIP, la CNV, la Procelac, y la UIF (Unidad de Información Financiera) incluyendo el listado de clientes intervinientes en la transacción, “cruzando” la información como mecanismo de esclarecimiento y disciplinador, dado que como dijera el Gral. Perón: “La economía nunca ha sido libre, o la controla el Estado en beneficio del Pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste”. Y “hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”.
El dinero nace de la necesidad de expresar el valor y la magnitud de valor de distintas mercancías en un denominador común, y hablamos de precio cuando expresamos el valor de una mercancía en dinero, gracias a la existencia del dinero, el productor del bien o servicio sabe que el fruto de su trabajo es valor.
El problema reside que en nuestro país, y esencialmente cuando la restricción externa es mayor (como ahora) y por ende es menor el ingreso de divisas presente y futuro, empleamos nuestra moneda para la compra y venta de mercancías (incluso no de todas, por ejemplo las propiedades, así como otros activos de mayor cuantía se comercializan mayoritariamente en divisas), pero usamos el dólar como reserva de valor (como ahorro).
Esa dicotomía provoca un deterioro permanente de la demanda de nuestra moneda, si a ello le sumamos la necesidad de emitir dinero para financiar el déficit fiscal y expandir la demanda interna (ante la falta de inversión del sector privado), se termina convalidando un aumento generalizado de los precios que a su vez erosiona el valor de la divisa, con la presión de que se ajusten ambos valores en una nueva devaluación, entrando en un circuito de devaluación-inflación que puede incuso retroalimentarse y terminar en hiperdevaluación e hiperinflación, que consigo destruye el trabajo y la producción nacional.
Esto sucede porque el tipo de cambio real es una relación entre los precios internos expresados en dólares y los precios internacionales. Si nuestros precios crecen más que los del exterior, tarde o temprano deben equilibrase, de allí que cuando uno pondera el fuerte crecimiento de las importaciones de por sí, por el mayor nivel de actividad, como son las energéticas, la de tecnología y la de insumos que no producimos o no lo hacemos en la calidad y cantidad suficiente, le agregamos las compras al exterior por atrasar el tipo de cambio, con lo que se le suman las importaciones innecesarias que incluso compiten deslealmente con la producción nacional, gasto en turismo y toda una gama de erogaciones que aprovechan el retraso cambiario.
Supimos tener un fuerte superávit comercial desde el 2003 hasta el año 2012, una parte se empleó para pagar deuda externa, otra parte (muy menor) se invirtió en el país, pero la fuga de capitales fue inmensa. Basta solamente con conocer la infidencia de dos empleados de bancos extranjeros que operan en nuestro país, uno del Banco HSBC, el ingeniero Hervé Falciani, que trabajó en la sucursal del holding financiero asiático-inglés en Ginebra-Suiza, que extrajo la información entre los años 2006 y 2008 referida a 130 mil clientes de la sucursal helvética, y allí descubre 3.900 cuentas bancarias abiertas por individuos y sociedades argentinas que no fueron declaradas.
El otro, un ex ejecutivo de cuentas del JP Morgan para Argentina, Hernán Arbizu, quien en su declaración ante la justicia estimó que, entre los diez bancos con mayor actividad en Argentina en materia de colocación de depósitos en el exterior sin ser declarados, acumulaban en el año 2010 el manejo de unos 85 mil millones de dólares.
En ese listado, Arbizu señalaba que en sólo cuatro de ellos se concentraba el 65 por ciento del monto fugado (55 mil millones de dólares). Si a esas denuncias judiciales, le sumamos el discurso de la presidenta de la Nación de la semana que transcurrió donde claramente acusa sectores del sistema financiero argentino. diciendo que sospechosamente dos días antes de que el BCRA determinara reducir del 30 al 20% la tenencia en dólares sobre el patrimonio, varias entidades vendieron el excedente de la posición.
Incluso esos mismos cinco bancos son los más activos en las operaciones de dólar bolsa y “contado contra liqui”, a los que se le suma la sociedad Balanz Capital que opera como sociedad de Bolsa del Merval, Agente de Mercado Abierto Electrónico (MAE), y Agente del Rofex (principal mercado de Futuros de Monedas y Commodities), todo esto corroborado por la realidad cuando el día jueves 2 de octubre 2014, la Comisión Nacional de Valores inhabilitó en forma preventiva a Mariva bursátil para operar con bonos y acciones, por la falta de documentación respaldatoria de operaciones de compra y venta de títulos públicos.
Además, el dato insoslayable, reconocido por los propios acopiadores y comercializadores de soja, así como por Ciara (la cámara que agrupa a la industria aceitera) que la mitad de la cosecha no fue vendida y está retenida en silos y silo-bolsa.
Si ésa es la moral y la conducta de nuestros principales operadores financieros y cambiarios toda prevención es poca, máxime cuando sus efectos lo conocimos y vivimos en nuestro país cada siete años (1975-76, 1982, 1989; 1995, 2001-2002) y que no habían podido ejecutar en el gobierno de los Kirchner.
Paradójicamente y ante la falta de inversión y de ingresos se autorizan operaciones como el dólar Bolsa, que es una operación cambiaria que consiste en comprar bonos con pesos y después venderlos a cambio de dólares en el mercado local, donde los títulos en dólares cotizan en ambas monedas, y el contado con liquidación que es lo mismo, pero en plazas del exterior donde cotizan títulos y acciones argentinas, con lo que los dólares terminan fuera del país.
Pero la dimensión que tomó excede largamente el objetivo buscado, la Presidenta de la Nación en su discurso por cadena nacional del martes 30 dijo que en lo que va del año se realizaron operaciones de “contado con liquidación” por 27.400 millones de dólares, en el caso de las casas de inversión, y de 10.000 millones por parte de los bancos.
El contado contra “liqui” ganó 14,9% en dólares en septiembre 2014 (cerró el día 30 a $14,65), y 65,8% en el año. El blue y el dólar Bolsa avanzaron 12% en el mes (el blue se vendió a $ 15,70) mientras que en los primeros nueve meses muestran un avance del 57% y el 65%, respectivamente, sin que aparezca la oferta de divisas.
Ese acrecentamiento y súper beneficio de los que apostaron al dólar en sus diversas variantes significa la disminución en la misma proporción del salario (y del trabajo) de los que nos ganamos “el pan con el sudor de la frente” y de los activos que tenemos.
No es un tema como para que quede limitado a las reglas del mercado o la esperanza de que ingresen dólares futuros, por ende se deben extremar las medidas de control, en primer lugar controlando las operaciones del contado contra “liqui”, el dólar bolsa, el dólar tarjeta, el dólar turista, y cuanto invento hay que desvirtúan el rol real de relación de nuestra moneda con las divisas, y ésa es la razón principal de que se le acepta la renuncia a Juan Carlos Fábrega y se nombra en su lugar a Alejandro Vanoli, que era el Presidente de la Comisión Nacional de Valores y en ese rol logró modificar la ley y tomar medidas que amplían la capacidad de intervención y de regulación estatal .
En la sociedad en que vivimos es el Estado es el que establece las reglas de juego, máxime en el área monetaria y cambiaria, donde debe ejercer el poder (soberanía) de emisión, circulación, cambio y control de todo el proceso.
Es obvio que el problema se tornaba inmanejable y no iba a ser el “mercado” como eufemísticamente se definen los grandes operadores, que les genera mayoritarios beneficios en desmedro del resto de la población y del presente y del futuro, quien debe determinar cuánto vale nuestra moneda (que es cuánto vale nuestro trabajo, nuestra producción y nuestros bienes).
Bien lo deja en claro el titular de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Dr. Carlos Gonella, cuando propone modificar la vetusta Ley 19.359 del 9/12/1971 que concibe el principio: “societas delinquere non potest” –las sociedades no pueden delinquir– y, además, la naturaleza y las características de la pena de prisión obstan a su aplicación a las personas jurídicas.
Por ende, el objetivo básico es cambiar la tipificación del tipo de transacciones y, por lo mismo, fáciles de reprimir, esto significa rebajarlo a delito correccional para que las fuerzas públicas puedan actuar in situ ante la evidencia de operaciones cambiarias que no se cursen por los canales legales, sin necesidad de aguardar la autorización previa de los organismos públicos que actualmente son los encargados de ordenar los procedimientos, para que sean los fiscales contravencionales quienes actúen en los mismos.
El Estado, en nombre del bienestar general debe fiscalizar, controlar y observar las operaciones financieras y cambiarias, que el Art. 3º de la Carta Orgánica del BCRA sostiene como su primer objetivo el de “preservar el valor de la moneda”, que sólo es posible si se controla la evaluación cambiaria, y que en la Argentina, cuando incurre en déficit en la cuenta corriente y el ingreso de las divisas es menor, la “corrida” cambiaria es la principal causa y antecede a la inflación.
Basta recordar a tal efecto que por no cumplir con su rol de respetar y hacer respetar nuestra moneda (nuestro trabajo), el dólar paso a valer de 37,62 australes el 6 de febrero de 1989, a 100 australes en abril de ese año, y a 650 australes cuando asumió Menem el 9 de julio de 1989, pero siguió la híperdevaluación de manera tal que el 1 de abril de 1991 (un poco más de dos años después) el cambio oficial era de Australes 10.000 por dólar (destrucción sin igual del valor de nuestro trabajo y de los bienes que tenemos (casa, tierras, fábricas, etc.).
No sólo debe actualizarse el marco legal, sino que deben hacerse las presentaciones ante la Justicia, ante la AFIP, la CNV, la Procelac, y la UIF (Unidad de Información Financiera) incluyendo el listado de clientes intervinientes en la transacción, “cruzando” la información como mecanismo de esclarecimiento y disciplinador, dado que como dijera el Gral. Perón: “La economía nunca ha sido libre, o la controla el Estado en beneficio del Pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste”. Y “hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”.
