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El método romano, que grava los consumos (internos y externos) deprime la capacidad de demanda porque con el mismo dinero se compra menos cantidad (bienes o servicios). Por ello el productor o prestador vende menos disminuyendo su actividad y, con ello, su renta global. Su ahorro se reduce y con ello su posibilidad de invertir en nuevas máquinas o en investigar tecnologías, empequeñeciendo, hasta hacer desaparecer, cualquier intento de desarrollo industrial.
Así vivió España hasta fines del S XX que, de poseer enormes territorios con riqueza en plata y oro, fue incapaz de generar un ámbito para industrias sustentables, como existían en Inglaterra, Holanda, Alemania y otras naciones del norte europeo.
Si el producto de este impuesto se aplicara totalmente a mejorar el ingreso del consumidor, se mantendría el equilibrio a un precio superior sin modificar la calidad de vida de quien compra ni el beneficio del que vende. Esto es absurdo.
Tal como el rey Alfonso X hizo, ese producido es quitado de la relación entre unidad de producción y unidad de consumo por lo que empobrece a ambos.
En efecto, gravar consumo quita capacidad adquisitiva al que demanda el bien o servicio. Con el mismo importe compra menos. Disminuye su calidad de vida.
Paralelamente quien ofrece ese bien o servicio necesita vender una cantidad determinada para cubrir su estructura o costo fijo. Sin embargo luego del impacto del impuesto al consumo verifica que vende mucho menos porque de la actividad que realiza, ahora, incluye al gobierno que se lleva una importante tajada provocando la disminución de su participación en la venta del bien o servicio.
No cubre su estructura y debe disminuirla despidiendo personal o cerrar.
Todo país que financie su gasto de gobierno gravando el conocimiento (Impuesto al Valor Agregado) solo puede aspirar a tener una actividad extractiva o primaria (minera, agrícola o ganadera) porque si procura extender su plataforma productiva, el precio que el gobierno obliga a añadir para su provecho sin mejorar la calidad del producto, hace que sea más asequible, para sus habitantes, comprar el mismo bien afuera que producirlo localmente.
Dicho burdamente, es más accesible para el habitante sembrar maíz, exportarlo, hacer polenta afuera e importar la polenta, que hacer la polenta en el país porque, todos los añadidos impositivos, que el gobierno obliga a aplicar, hacen que el precio final interno sea mucho mayor que exportar el maíz para importar polenta.
Así vivió España hasta fines del S XX que, de poseer enormes territorios con riqueza en plata y oro, fue incapaz de generar un ámbito para industrias sustentables, como existían en Inglaterra, Holanda, Alemania y otras naciones del norte europeo.
Si el producto de este impuesto se aplicara totalmente a mejorar el ingreso del consumidor, se mantendría el equilibrio a un precio superior sin modificar la calidad de vida de quien compra ni el beneficio del que vende. Esto es absurdo.
Tal como el rey Alfonso X hizo, ese producido es quitado de la relación entre unidad de producción y unidad de consumo por lo que empobrece a ambos.
En efecto, gravar consumo quita capacidad adquisitiva al que demanda el bien o servicio. Con el mismo importe compra menos. Disminuye su calidad de vida.
Paralelamente quien ofrece ese bien o servicio necesita vender una cantidad determinada para cubrir su estructura o costo fijo. Sin embargo luego del impacto del impuesto al consumo verifica que vende mucho menos porque de la actividad que realiza, ahora, incluye al gobierno que se lleva una importante tajada provocando la disminución de su participación en la venta del bien o servicio.
No cubre su estructura y debe disminuirla despidiendo personal o cerrar.
Todo país que financie su gasto de gobierno gravando el conocimiento (Impuesto al Valor Agregado) solo puede aspirar a tener una actividad extractiva o primaria (minera, agrícola o ganadera) porque si procura extender su plataforma productiva, el precio que el gobierno obliga a añadir para su provecho sin mejorar la calidad del producto, hace que sea más asequible, para sus habitantes, comprar el mismo bien afuera que producirlo localmente.
Dicho burdamente, es más accesible para el habitante sembrar maíz, exportarlo, hacer polenta afuera e importar la polenta, que hacer la polenta en el país porque, todos los añadidos impositivos, que el gobierno obliga a aplicar, hacen que el precio final interno sea mucho mayor que exportar el maíz para importar polenta.