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La guerra en el servicio secreto argentino lastra la investigación
En un país tan dividido en política como Argentina, el Gobierno y la oposición coinciden en un punto clave: hay una guerra interna dentro de los Servicios de Inteligencia (SI) cuya víctima más clara y evidente ha sido la investigación sobre el atentado antisemita de 1994. Es decir, los espías han hecho uso de la investigación de esta matanza para atacarse y defenderse, para dirimir sus batallas de poder.
En diciembre pasado la presidenta Cristina Fernández destituyó a los dos principales responsables de los Servicios de Inteligencia. Y esta semana fue jubilado el agente considerado el hombre que lo sabía casi todo de todo el mundo, Antonio Stiusso, alias Jaime, el jefe de operaciones. Así que cuando el fiscal Alberto Nisman denunció el miércoles a la presidenta, y al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, desde el Gobierno interpretaron que la denuncia en realidad la estaba montando el espía Stiusso para vengarse de la presidenta. Por eso, Timerman preguntó en un comunicado si el fiscal Nisman “consultó u obedeció” a Stiusso. Y el secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, indicó que toda la operación se debía a un “manotazo de ahogado” de Stiusso para evitar su salida. Hasta el juez que dirige la causa de la AMIA, Rodolfo Canicoba, declaró días atrás que parecía que los servicios de inteligencia dirigían la investigación del fiscal, en lugar de ser al contrario.
Desde la oposición, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola se quejó en el Parlamento de que hay una “guerra dentro del aparato de Inteligencia” y un “Estado oculto dentro del Estado” al que el Gobierno no ha sabido hacer frente. El alcalde de Buenos Aires, el opositor Mauricio Macri, señaló: “Hay que desterrar una de las prácticas de la mala política, que es utilizar los servicios de inteligencia en forma facciosa. Los servicios de inteligencia tienen que estar al servicio de los intereses de la nación y no de un partido ni en contra de otros dirigentes (...). La muerte del fiscal tiene que ser un antes y un después que dé de transparencia y claridad a los servicios de inteligencia en la República Argentina”.
Para contener la desconfianza hacia los servicios de espionaje, Fernández autorizó ayer la petición que había hecho Nisman para desclasificar “la identidad, las acciones, los hechos y circunstancias correspondientes” a cuatro espías que aparecen en las escuchas que el fiscal en su denuncia contra la presidenta.
En un país tan dividido en política como Argentina, el Gobierno y la oposición coinciden en un punto clave: hay una guerra interna dentro de los Servicios de Inteligencia (SI) cuya víctima más clara y evidente ha sido la investigación sobre el atentado antisemita de 1994. Es decir, los espías han hecho uso de la investigación de esta matanza para atacarse y defenderse, para dirimir sus batallas de poder.
En diciembre pasado la presidenta Cristina Fernández destituyó a los dos principales responsables de los Servicios de Inteligencia. Y esta semana fue jubilado el agente considerado el hombre que lo sabía casi todo de todo el mundo, Antonio Stiusso, alias Jaime, el jefe de operaciones. Así que cuando el fiscal Alberto Nisman denunció el miércoles a la presidenta, y al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, desde el Gobierno interpretaron que la denuncia en realidad la estaba montando el espía Stiusso para vengarse de la presidenta. Por eso, Timerman preguntó en un comunicado si el fiscal Nisman “consultó u obedeció” a Stiusso. Y el secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, indicó que toda la operación se debía a un “manotazo de ahogado” de Stiusso para evitar su salida. Hasta el juez que dirige la causa de la AMIA, Rodolfo Canicoba, declaró días atrás que parecía que los servicios de inteligencia dirigían la investigación del fiscal, en lugar de ser al contrario.
Desde la oposición, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola se quejó en el Parlamento de que hay una “guerra dentro del aparato de Inteligencia” y un “Estado oculto dentro del Estado” al que el Gobierno no ha sabido hacer frente. El alcalde de Buenos Aires, el opositor Mauricio Macri, señaló: “Hay que desterrar una de las prácticas de la mala política, que es utilizar los servicios de inteligencia en forma facciosa. Los servicios de inteligencia tienen que estar al servicio de los intereses de la nación y no de un partido ni en contra de otros dirigentes (...). La muerte del fiscal tiene que ser un antes y un después que dé de transparencia y claridad a los servicios de inteligencia en la República Argentina”.
Para contener la desconfianza hacia los servicios de espionaje, Fernández autorizó ayer la petición que había hecho Nisman para desclasificar “la identidad, las acciones, los hechos y circunstancias correspondientes” a cuatro espías que aparecen en las escuchas que el fiscal en su denuncia contra la presidenta.