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Entre las revolucionarias reformas propuestas por el Gobierno para la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal de la Nación (CPPN) hay una “zanahoria”, dijeron fuentes judiciales, que implicará una oferta de un aumento salarial a los jueces que acepten voluntariamente incorporarse en el primer grupo de magistrados que se adaptará al nuevo sistema.
El artículo 46 del proyecto de ley de Implementación del nuevo CPPN, entre las “disposiciones transitorias” de la norma propuesta, bajo el título de “compensación funcional”, establece que “los cargos de jueces federales y nacionales de primera instancia que, de acuerdo al régimen progresivo de esta ley, pasen a intervenir en casos regidos por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por ley 27.063, serán equiparados salarialmente al rango de jueces de Cámara”.
“Es una coima encubierta”, dijo un veterano fiscal que está de acuerdo con la reforma y el nuevo sistema acusatorio que les quita poder a los jueces y les da la instrucción de las causas a los fiscales, pero que no está de acuerdo con varias de las medidas incluidas en los proyectos de ley de implementación enviados esta semana por el Poder Ejecutivo al Congreso.
“Es un mamarracho genérico”, dijo otro viejo fiscal que también está de acuerdo con el sistema acusatorio pero discrepa con su propuesta de implementación porque contiene “intenciones subterráneas” que en definitiva concentran de manera arbitraria el poder en manos del procurador general de la Nación, hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó.
La propuesta de implementación establece dividir en cuatro distritos a la ciudad de Buenos Aires, donde gradualmente comenzará a aplicarse el nuevo Código, si es que se aprueban los cinco proyectos. La implementación será ejecutada por una comisión que se creará a tal efecto y que tendrá funciones con miembros “inamovibles” por seis años renovables por otros seis.
El primero de esos distritos deberá comenzar a aplicar el nuevo código a partir de 1° de setiembre de 2015. Es decir, el Gobierno descuenta que las normas serán aprobadas antes de esa fecha y que esa comisión también ya estará conformada. Una futurología absoluta o una confirmación de que no habrá debate parlamentario y que todo será aprobado a libro cerrado por el kirchnerismo. Los jueces de instrucción que ahora pasarán a llamarse “de Garantías” podrán ofrecerse voluntariamente para integrar el primer lote que aplicará el nuevo sistema para las nuevas causas y si no se llena el cupo necesario se procederá a un sorteo a través de los sospechosos sorteos del Consejo de la Magistratura.
El aumento salarial puede interpretarse así -de acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por Clarín- como una manera de garantizarse el kirchnerismo que no haya resistencia entre los magistrados y que varios de ellos se anoten voluntariamente para que la aplicación de la reforma no aparezca como un fracaso.
La mejora salarial que se les ofrece implicará un 25% de aumento promedio, aunque éste puede superior de acuerdo a la antigüedad de los jueces que se adapten de entrada a la nueva norma. Un juez de primera instancia, promedio, gana hoy alrededor de 60 mil pesos mensuales, mientras que un camarista, unos $ 80 mil.
En el proyecto de ley de implementación se establece que el Consejo de la Magistratura, hoy con mayoría kirchnerista, “diseñará un programa de traspaso voluntario de juzgados nacionales en lo Correccional (14 en Capital Federal), juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción (49 en la Ciudad) y Tribunales Orales en lo Criminal (30, en el mismo distrito), para cubrir la cantidad de Juzgados Nacionales de Garantías y Tribunales Nacionales de Juicio correspondientes a la Circunscripción 1” que comenzará a implementar el nuevo Código. La idea es que un año después, setiembre de 2016, ya funcionen los cuatro distritos en los que se dividirá la Ciudad de acuerdo a las comisarías de la Policía Federal.
El artículo 46 del proyecto de ley de Implementación del nuevo CPPN, entre las “disposiciones transitorias” de la norma propuesta, bajo el título de “compensación funcional”, establece que “los cargos de jueces federales y nacionales de primera instancia que, de acuerdo al régimen progresivo de esta ley, pasen a intervenir en casos regidos por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por ley 27.063, serán equiparados salarialmente al rango de jueces de Cámara”.
“Es una coima encubierta”, dijo un veterano fiscal que está de acuerdo con la reforma y el nuevo sistema acusatorio que les quita poder a los jueces y les da la instrucción de las causas a los fiscales, pero que no está de acuerdo con varias de las medidas incluidas en los proyectos de ley de implementación enviados esta semana por el Poder Ejecutivo al Congreso.
“Es un mamarracho genérico”, dijo otro viejo fiscal que también está de acuerdo con el sistema acusatorio pero discrepa con su propuesta de implementación porque contiene “intenciones subterráneas” que en definitiva concentran de manera arbitraria el poder en manos del procurador general de la Nación, hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó.
La propuesta de implementación establece dividir en cuatro distritos a la ciudad de Buenos Aires, donde gradualmente comenzará a aplicarse el nuevo Código, si es que se aprueban los cinco proyectos. La implementación será ejecutada por una comisión que se creará a tal efecto y que tendrá funciones con miembros “inamovibles” por seis años renovables por otros seis.
El primero de esos distritos deberá comenzar a aplicar el nuevo código a partir de 1° de setiembre de 2015. Es decir, el Gobierno descuenta que las normas serán aprobadas antes de esa fecha y que esa comisión también ya estará conformada. Una futurología absoluta o una confirmación de que no habrá debate parlamentario y que todo será aprobado a libro cerrado por el kirchnerismo. Los jueces de instrucción que ahora pasarán a llamarse “de Garantías” podrán ofrecerse voluntariamente para integrar el primer lote que aplicará el nuevo sistema para las nuevas causas y si no se llena el cupo necesario se procederá a un sorteo a través de los sospechosos sorteos del Consejo de la Magistratura.
El aumento salarial puede interpretarse así -de acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por Clarín- como una manera de garantizarse el kirchnerismo que no haya resistencia entre los magistrados y que varios de ellos se anoten voluntariamente para que la aplicación de la reforma no aparezca como un fracaso.
La mejora salarial que se les ofrece implicará un 25% de aumento promedio, aunque éste puede superior de acuerdo a la antigüedad de los jueces que se adapten de entrada a la nueva norma. Un juez de primera instancia, promedio, gana hoy alrededor de 60 mil pesos mensuales, mientras que un camarista, unos $ 80 mil.
En el proyecto de ley de implementación se establece que el Consejo de la Magistratura, hoy con mayoría kirchnerista, “diseñará un programa de traspaso voluntario de juzgados nacionales en lo Correccional (14 en Capital Federal), juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción (49 en la Ciudad) y Tribunales Orales en lo Criminal (30, en el mismo distrito), para cubrir la cantidad de Juzgados Nacionales de Garantías y Tribunales Nacionales de Juicio correspondientes a la Circunscripción 1” que comenzará a implementar el nuevo Código. La idea es que un año después, setiembre de 2016, ya funcionen los cuatro distritos en los que se dividirá la Ciudad de acuerdo a las comisarías de la Policía Federal.
