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El fiscal federal Guillermo Marijuan regresó de una visita de 96 horas a Washington, donde fue recibido por un equipo de investigadores de la Securities and Exchange Commission (SEC) –órgano de control de las empresas que cotizan en Wall Street–, el FBI y el Departamento de Justicia. Fue invitado a intercambiar información sobre un caso abierto en ambos países: el supuesto pago de coimas de la petrolera Pan American Energy (PAE) para la extensión de la concesión del yacimiento más importante del país: Cerro Dragón. El fiscal hizo un acuerdo de confidencialidad con los Estados Unidos, pero se pudo saber que volvió más que satisfecho.
De Vido formó en las últimas dos décadas una red de contención que lo mantuvo al margen del avance judicial en causas por presunta corrupción.
Dicha red en los tribunales comenzó a romperse tímidamente durante los últimos meses de Cristina Fernández de Kirchner en el poder, y parece haberse desgarrado por completo desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Se traduce en la reapertura de causas, la revalidación de pruebas y las nuevas imputaciones y llamados a indagatoria en al menos diez causas en el fuero federal (ver aparte). Va en sintonía, también, con la novedosa colaboración de los Estados Unidos en por lo menos dos casos.
En el de Cerro Dragón, los estadounidenses investigan la ruta internacional del pago de esa supuesta coima porque un socio de PAE, British Petroleum, cotiza en Wall Street y tiene presuntos arrepentidos admitiendo sobornos. Pero la petrolera niega tajantemente haber cometido delitos. Los funcionarios en la mira son De Vido y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quienes negociaron el contrato con PAE. La SEC, el FBI y los fiscales que intervienen en este expediente preliminar siguen a varias financieras argentinas y de Uruguay, y las actividades de sociedades offshore en el Caribe que a través de bancos de Estados Unidos y la venta de bonos en Wall Street blanquearon dinero negro de Argentina. Han interrogado a decenas de testigos –se habla de al menos ochenta–, e indagan sobre la financiera Pribont, con oficinas en Buenos Aires y central en Uruguay.
Otros casos. No es el único caso de coimas que observan. Tienen todos los e-mails de Manuel Vázquez, el asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, encargado del blanqueo de gran parte de las coimas que recibían los gobiernos kirchneristas hasta 2009. Por eso investigan supuestas coimas de la brasileña Embraer, y LAN debió pagar una multa recientemente ante la SEC por otro caso de sobornos. Esos mismos e-mails de Vázquez no pueden usarse como prueba en Argentina por una polémica decisión de la Justicia Federal.
En otra causa que involucra a De Vido, Estados Unidos envió recientemente al juez federal Julián Ercolini los movimientos bancarios de una sociedad investigada en la causa por la embajada paralela en Venezuela. Es la firma que supuestamente canalizaba las coimas que los empresarios debían pagar para entrar a comercializar con Venezuela.
Hay otra causa clave para EE.UU. en Argentina. El fiscal federal Gerardo Pollicita viene investigando la fuga de US$ 30 millones hacia paraísos fiscales a través de la financiera Epsilon. Hace meses pidió información a los estadounidenses sobre la ruta del dinero de esa firma en 2011. Está esperando una respuesta. Epsilon está mencionada en Cerro Dragón y en la causa contra Báez.
De Vido formó en las últimas dos décadas una red de contención que lo mantuvo al margen del avance judicial en causas por presunta corrupción.
Dicha red en los tribunales comenzó a romperse tímidamente durante los últimos meses de Cristina Fernández de Kirchner en el poder, y parece haberse desgarrado por completo desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Se traduce en la reapertura de causas, la revalidación de pruebas y las nuevas imputaciones y llamados a indagatoria en al menos diez causas en el fuero federal (ver aparte). Va en sintonía, también, con la novedosa colaboración de los Estados Unidos en por lo menos dos casos.
En el de Cerro Dragón, los estadounidenses investigan la ruta internacional del pago de esa supuesta coima porque un socio de PAE, British Petroleum, cotiza en Wall Street y tiene presuntos arrepentidos admitiendo sobornos. Pero la petrolera niega tajantemente haber cometido delitos. Los funcionarios en la mira son De Vido y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quienes negociaron el contrato con PAE. La SEC, el FBI y los fiscales que intervienen en este expediente preliminar siguen a varias financieras argentinas y de Uruguay, y las actividades de sociedades offshore en el Caribe que a través de bancos de Estados Unidos y la venta de bonos en Wall Street blanquearon dinero negro de Argentina. Han interrogado a decenas de testigos –se habla de al menos ochenta–, e indagan sobre la financiera Pribont, con oficinas en Buenos Aires y central en Uruguay.
Otros casos. No es el único caso de coimas que observan. Tienen todos los e-mails de Manuel Vázquez, el asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, encargado del blanqueo de gran parte de las coimas que recibían los gobiernos kirchneristas hasta 2009. Por eso investigan supuestas coimas de la brasileña Embraer, y LAN debió pagar una multa recientemente ante la SEC por otro caso de sobornos. Esos mismos e-mails de Vázquez no pueden usarse como prueba en Argentina por una polémica decisión de la Justicia Federal.
En otra causa que involucra a De Vido, Estados Unidos envió recientemente al juez federal Julián Ercolini los movimientos bancarios de una sociedad investigada en la causa por la embajada paralela en Venezuela. Es la firma que supuestamente canalizaba las coimas que los empresarios debían pagar para entrar a comercializar con Venezuela.
Hay otra causa clave para EE.UU. en Argentina. El fiscal federal Gerardo Pollicita viene investigando la fuga de US$ 30 millones hacia paraísos fiscales a través de la financiera Epsilon. Hace meses pidió información a los estadounidenses sobre la ruta del dinero de esa firma en 2011. Está esperando una respuesta. Epsilon está mencionada en Cerro Dragón y en la causa contra Báez.