Mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contempla imponer aranceles y otras restricciones al libre comercio, debería considerar los resultados de las medidas proteccionistas en Argentina y Brasil, dos economías en el otro extremo del hemisferio occidental.
Durante décadas, las dos mayores economías de América del Sur han tratado de proteger a sus trabajadores de la competencia internacional, en gran medida a través de altos aranceles y regulaciones que promueven los bienes nacionales sobre los importados. El Banco Mundial clasifica a Argentina y a Brasil entre las grandes economías más cerradas del mundo.
En Brasil, la industria nacional está consagrada en la Constitución. Los argentinos amantes de la tecnología suelen recurrir al mercado negro o viajar a Miami para comprar iPhones, que estuvieron fuera de su alcance durante años porque Apple no los fabricaba en el país.
Las políticas proteccionistas han creado decenas de miles de empleos bien remunerados en el sector manufacturero y pueden haber ayudado a eludir despidos como los que afectaron a ese sector en estados del medio oeste de Estados Unidos como Michigan, pero han tenido un costo enorme para los consumidores, que deben pagar precios más altos, y para los contribuyentes, que financian los subsidios. En su conjunto, dichas medidas esencialmente trasladan la riqueza de la sociedad en general a un grupo más reducido de trabajadores.
En Tierra del Fuego, en el extremo sur de la Argentina, donde los cruceros venden tours para ver icebergs y pingüinos, se pueden apreciar los resultados de un experimento para crear un centro de fabricación de productos electrónicos “Made in Argentina”. Para que prospere, el gobierno aplicó un arancel de hasta 35% a las importaciones de electrónicos.
Actualmente, unos 14.000 trabajadores distribuidos en 55 fábricas de Ushuaia, una ciudad industrial y el portal al paraíso turístico, producen teléfonos, televisores y aires acondicionados. La mayoría de los componentes son de fabricación asiática y son importados exentos de impuestos y ensamblados por trabajadores argentinos, junto con algunos componentes de fabricación nacional, como tornillos. Ejecutivos chinos, japoneses y coreanos se han trasladado a Tierra del Fuego para supervisar la producción de todos esos artículos, desde teléfonos de Samsung hasta televisores de Sony, según representantes de varias fábricas.
No obstante, la combinación de regulaciones gubernamentales y fuerzas del mercado ha provocado algunas excentricidades sorprendentes. Por ejemplo, Argentina optó por construir un centro industrial a casi 3.000 kilómetros del mayor mercado del país, Buenos Aires.
Los empleados de Newsan, la principal firma argentina de electrónicos, desmontan parcialmente las unidades de aire acondicionado importadas de Asia para luego volver a armarlas con contenidos mayormente importados pero adaptados localmente. Los aires y otros productos se envían a Buenos Aires, que está a casi tres veces la distancia que separa Ushuaia de la Antártida, y se venden a entre dos y tres veces el precio de mercado en otros países.
El costo para los contribuyentes argentinos también es alto: hasta US$72.000 por trabajador de fábrica al año, incluyendo exenciones tributarias y otros incentivos, dicen los funcionarios. Esa generosidad era necesaria, según la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque “sin industria, no hay país ni futuro”.
Para los argentinos comunes y corrientes, el precio puede ser oneroso. Un teléfono inteligente Samsung J7 desbloqueado que en EE.UU. cuesta US$240 vale casi US$500 en Buenos Aires.
“La ironía es que las personas que viven aquí no compran los productos que se fabrican aquí”, dijo Cintia Dávalos, de 27 años, que trabaja en una tienda de artículos baratos en Tierra del Fuego. Dávalos explicó que los locales manejan siete horas a Chile, donde imperan precios de mercado, para comprar desde partes de automóviles hasta ropa y televisores.
Trump, que culpa a los acuerdos comerciales por la pérdida de empleos estadounidenses, prometió retirarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés), ha sugerido imponer aranceles u otras barreras especiales para reducir el déficit comercial de EE.UU. con México y ha prometido establecer un arancel de 45% a las importaciones chinas si Beijing no modifica prácticas que el presidente electo considera desleales.
La mayoría de los economistas, no obstante, sostiene que el proteccionismo —sea del tipo prometido por Trump o la versión argentina— es profundamente perjudicial. De hecho, el presidente argentino, Mauricio Macri, está tratando de abrir la economía mediante la reducción de subsidios y aranceles.
“Adoptar un giro proteccionista sería extraordinariamente perjudicial, no sólo para nuestros socios comerciales, sino también para Estados Unidos”, advirtió Eric Farnsworth, ex diplomático estadounidense que se desempeña como vicepresidente del Consejo de las Américas.