Estamos frente a la crónica de una muerte anunciada. Los argentinos volvemos a tropezar con la misma piedra. Más allá de diferencias de coyuntura o instrumentales, la política del gobierno de Macri se sostiene en los mismos argumentos conceptuales que los que estuvieron presentes en la dictadura militar con Martínez de Hoz y en la década de los noventa con Domingo Cavallo. Por ende, no debe haber lugar a la sorpresa frente a lo que está ocurriendo, y, menos aún, frente a lo que ocurrirá si seguimos con este rumbo. Sobre una economía con fuertes desequilibrios sociales, productivos y financieros, las políticas de la Alianza Cambiemos no han hecho otra cosa que agravar la situación. El endeudamiento exponencial, el acortamiento de los plazos tanto en las deudas del Tesoro como en las deudas del Banco Central, en el marco de una apertura comercial que agranda el rojo de la balanza de comercio con importaciones superfluas y prescindibles, de una apertura financiera que agrava la exposición al movimiento especulativo de los capitales, y de una estrategia de desregulación que, por ejemplo, elimina la obligación de los exportadores a liquidar en tiempo y forma las divisas que obtienen por sus ventas, ha construido un cuadro en el cual la Argentina actual de cada 10 dólares que necesita para funcionar, solo produce 6 con sus exportaciones. Así las cosas, tenemos un agujero de 40.000 millones de dólares en nuestras relaciones comerciales y financieras con el mundo. Agujero que en ausencia de inversiones extranjeras directas, se cubre con endeudamiento (unos 30.000 millones de dólares anuales) y con el ingreso de capital especulativo por la diferencia.
Es este desequilibrio en nuestras relaciones comerciales y financieras con el mundo el que transforma a la Argentina en un país de elevada vulnerabilidad. Vulnerabilidad que produce corridas como las de las últimas semanas frente a la conjunción de tres situaciones concretas. En primer lugar un cambio en el escenario internacional que al mejorar la tasa de interés de los bonos norteamericanos a diez años encarece el acceso a financiamiento y favorece lo que suele denominarse el vuelo hacia la calidad de los capitales. Es decir, desarmar posiciones en inversiones financieras en países emergentes para volver a la moneda norteamericana. En segundo lugar, esta modificación del escenario financiero internacional se opera en un momento donde la Argentina acumuló vencimientos de corto plazo. Treinta mil millones de dólares vencen de las Lebacs del Banco Central el próximo 14 de mayo y desde esa fecha hasta marzo del 2019 se acumulan unos 24.000 millones de dólares de Letras del Tesoro y swaps. Son 54.000 millones de dólares de vencimientos desde ahora hasta comienzos del próximo año. El tercer elemento que confluye en la coyuntura es la resistencia social y parlamentaria a la estrategia económica oficial y que pone en cuestión una pieza clave como son los tarifazos de luz y gas. Son estos los disparadores de una crisis que opera sobre un cuadro agudo de vulnerabilidad de la Argentina que reconoce problemas estructurales anteriores a esta gestión pero que se han agravado al extremo en el marco de la política de Mauricio Macri.
Los resultados de lo ocurrido están a la vista. Argentina devaluó mejorando la renta de los exportadores y elevando el piso inflacionario del 22 al 25% anual (que podría ser más si el dólar sigue subiendo) adelantando por tanto una nueva e importante caída del salario real y del poder adquisitivo de jubilaciones y planes sociales. Deterioro del poder adquisitivo que achica el consumo popular y el mercado interno y que es acompañado de una suba de la tasa de interés al 40 por ciento que constituye una renta monumental para los dueños de los dólares pero que clausura cualquier posibilidad de financiamiento comercial y productivo. En ese marco de premio a los exportadores y a los especuladores, y con respuestas al resto de la sociedad que son las de siempre, más ajuste fiscal, menos ingresos y menos actividad, el Gobierno de Macri resigna soberanía pidiendo un stand by al FMI que, en la práctica, opera como respaldo para seguir profundizando el mismo rumbo. Ningún ajuste fiscal, por profundo que sea, permitirá resolver los desequilibrios sociales, productivos y financieros que tenemos. Entre otras cosas, porque son estas mismas políticas las que están en la base de la gestación de los problemas que tenemos. Hay que cambiar de enfoque. El problema argentino no son ni los pobres, ni los trabajadores ni el Estado. Son los ricos, las clases dominantes. Ricos que amasan fortunas apropiando rentas de recursos naturales, capturando recursos del Estado y favorecidos por el vínculo con las políticas estatales. Ricos que son beneficiarios directos de subsidios cambiarios, fiscales y monetarios multimillonarios y que serían expuestos si, por ejemplo, diéramos la lista de los protagonistas de la corrida cambiaria reciente. Ricos que nos salen muy caros, que no invierten y tampoco aportan a la hora de pagar impuestos. Es este comportamiento el que se agrava al extremo ante la aplicación de políticas de apertura y desregulación. El acuerdo con el FMI es la garantía de seguir aplicando la misma receta y por lo tanto de saber que vamos a obtener los mismos resultados. El acuerdo implica posponer en el tiempo la crisis, no resolver ninguno de los problemas, y volver, dentro de un tiempo a la misma situación en el marco de un mayor deterioro social y bajo la primacía del negocio de unos pocos.
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