Los cambios
En primer lugar se aclaró en la redacción del proyecto que la emergencia sólo será en materia de litigiosidad y no una caracterización de todo el sistema previsional, el cual logró incorporar al 96 por ciento de los argentinos a ese derecho. Tras un largo debate, se acordó extender por tres años la moratoria previsional que vencía en septiembre próximo sólo para el caso de las mujeres de entre 60 y 65 años. Esto permite que las mujeres puedan acceder a la jubilación a los 60 años y no a los 65 como exige la Pensión Universal a la Vejez tanto para hombres como para mujeres e implica percibir el 80 por ciento del haber mínimo. Con la moratoria, luego de cinco años de pago de aportes la mujer podrá cobrar la mínima completa. La prórroga por tres años responde a que en ese lapso se llevará a cabo una reforma previsional.
Otro punto que había recibido muchas críticas de la oposición fue la derogación de la ley que impide la venta de acciones del FGS de la Anses sin la aprobación por dos tercios del Congreso. La derogación se mantiene pero se limitó la venta a un mínimo de tenencia del 7 por ciento de la cartera. Actualmente, el Fondo tiene en acciones el 12 por ciento, lo que implicaría que puede deshacerse de unos 43.000 millones de pesos. Para vender las acciones se establecieron algunas condiciones, bastante laxas, como un pedido de oferta pública de recompra por parte de la empresa o que responda a un proceso de fusión o adquisición.
En el caso de los jubilados que no iniciaron juicio contra el Estado y decidan acogerse al programa, los gastos de abogado se incorporarán a las homologaciones judiciales y estarán a cargo de la Anses. Por su parte, a quienes ya tienen sentencia firme y no quieran acogerse al nuevo esquema, se les garantiza que se les seguirá pagando como lo venía haciendo el organismo en los últimos años. Hasta última hora de anoche se mantenía la discusión sobre la quita que puedan sufrir los que tengan sentencia firme y se acojan al acuerdo. El borrador hasta el momento incluía sólo un compromiso de la Anses de que buscará acelerar la cancelación de las sentencias de los que adhieran. El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá remitir informes al Congreso semestralmente y la ampliación del universo de beneficiarios deberá ser aprobada por la Bicameral.
En materia tributaria, se acordó no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un tema que será discutido más adelante por la Comisión Bicameral que elaborará un proyecto de reforma impositiva. En cambio, se mantuvo la modificación gradual de los mínimos no imponibles de 305 a 800 millones pesos este año, a 950 mil en 2017 y a 1,5 millones en 2018. La intención de eliminar Bienes Personales tuvo duras críticas, porque se trata de un impuesto progresivo. Durante el plenario de comisiones se barajaron propuestas para excluir a la vivienda única y familiar de la categorización de Bienes Personales, pero la oposición coincidió en que lo mejor era sostener el gravamen. El bloque radical también se inclinó por mantener el impuesto, en contra de la postura de sus socios del PRO.
Por pedido de los gobernadores se establecieron nuevos criterios para la transferencia de los recursos de la coparticipación que iban a la Anses. En el caso de las provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas, se estableció un plazo de 90 días para generar un sistema que automatice el envió de los fondos de Nación. En este caso se les transfiere la diferencia de los fondos, como si se tratase de una caja nacional. Para las provincias con cajas transferidas, se prevé que las deudas que tienen por contribuciones patronales puedan ser pagadas en un plazo de 120 días a una tasa inferior a 1 por ciento mensual.
En cuanto al blanqueo de capitales, fue uno de los capítulos que menos cambios recibió. Sólo se eliminó el artículo del secreto fiscal, que determinaba penas de prisión y multas para quienes difundieran información sobre aquellos que se acojan al blanqueo. También se criticó que no se haya eliminado de la posibilidad de acogerse a ese beneficio a familiares de funcionarios. Sólo se limitó a integrantes de los tres poderes.
Índice
