Por Jacob Bunge y Ryan Dube
jueves, 23 de junio de 2016 18:04 EDT
El gobierno de Argentina resolvió una disputa sobre semillas genéticamente modificadas, permitiendo a las empresas de biotecnología como Monsanto cobrar regalías sobre genes de cultivo, dijo la compañía.
Según un acuerdo anunciado el jueves en Buenos Aires, el Instituto Nacional de Semillas, o INASE, una agencia del gobierno argentino, supervisará la prueba de los granos que los agricultores entregan a las terminales de abastecimiento, contribuyendo así a garantizar que aquellos paguen por el desarrollo genético que ayuda a las plantas a resistir plagas y herbicidas.
“Esto significa otro importante paso para transparentar el mercado, generar condiciones claras y seguras para que los productores puedan acceder y beneficiarse de los resultados de la tecnología”, dijo el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, en una conferencia de prensa. Buryaile añadió que las empresas que producen las semillas modificadas genéticamente serán “reconocidas por su inversión”.
El acuerdo, sin embargo, sólo se aplica a la cosecha actual, por lo que es una solución temporal. El gobierno argentino está elaborando un proyecto de ley para crear un sistema que garantice el “reconocimiento por la inversión”, dijo Buryaile.
Monsanto, el principal proveedor de soya biotecnológica en Argentina, amenazó en mayo con dejar de vender esas semillas en el país después de que el gobierno del presidente Mauricio Macri, quien asumió en diciembre, cuestionara el modelo que había sido previamente establecido por Monsanto para cobrar los derechos de sus semillas genéticamente modificadas.
Mientras que los agricultores de otros países como Estados Unidos pagan tales derechos cuando compran una bolsa de semillas, los agricultores argentinos lo hacen por adelantado o cuando entregan sus cosechas a los elevadores y exportadores de granos, momento en que se verifica que aquellas contengan los genes patentados. Monsanto y los exportadores de granos venían supervisado conjuntamente dichas pruebas, y la empresa sostiene que el sistema era legal y necesario para asegurar la recuperación de su inversión en investigación de semillas, en particular las de soya, que pueden guardarse y replantarse de un año para otro.
Monsanto dijo que el acuerdo del jueves fue un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la empresa mantendrá la decisión que tomó en mayo de cancelar el lanzamiento de una nueva soya transgénica en Argentina, de acuerdo con Melissa Duncan, una portavoz de la firma.
“Tendremos que ver que haya un ambiente de negocios predecible antes de tomar la decisión de poner en marcha la nueva tecnología de la soya” en Argentina, dijo.
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